REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL MILITAR SEGUNDO DE CONTROL CON SEDE EN CARACAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBREEL.
TRIBUNAL MILITAR SEGUNDO DE CONTROL CON SEDE EN CARACAS
Caracas, 18 de Julio de 2007.
197° y 148°
Vista la acusación interpuesta por el ciudadano Teniente (EJ) ELIAS PLASENCIA MONDRAGON, Fiscal Militar Tercero de Caracas, contra el ciudadano POLICIA MILITAR (EJ) TONY RAFAEL RUIZ MORANTES, titular de la Cédula de Identidad N° 14.531.696, a quien se le imputa la comisión del delito militar de ABANDONO DEL SERVICIO, previsto y sancionado en el primer aparte del Artículo 534, en concordada relación con lo establecido en el articulo 537del Código Orgánico de Justicia Militar; celebrada como ha sido la audiencia preliminar conforme lo establece el artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, e impuestas las partes de las alternativas a la prosecución del proceso como lo exige el artículo 329 ejusdem, corresponde a este Tribunal Militar Segundo de Control con Sede en Caracas, en presencia de las partes resolver a cerca de la admisión o no de la acusación del Ministerio Público Militar, de los alegatos esgrimidos por la defensa y decidir sobre la pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida para el juicio oral.. Causa Penal militar Nº CJPM-TM2ºC-035/07, nomenclatura de este órgano jurisdiccional, iniciada por el Ministerio Público Militar según Orden de Apertura Nº MD-DS-2007/245 de fecha 14 de Mayo de 2007, emanada del ciudadano Ministro de la Defensa.
IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO
POLICIA MILITAR (EJ) TONY RAFAEL RUIZ MORANTES, titular de la Cédula de Identidad N° 14.531.696, nacido en Caracas, Distrito Capital, el día 15 de Marzo de 1979, de 27 años de edad, soltero, domiciliado en Barrio Santa Ana, calle principal, casa Nº 48, teléfono 0212-4721224, hijo de RAFAEL ANTONIO RUIZ MATEHUS y de MIGUELINA MORANTE.
DEFENSORA.
Abogada MARIA TORRES ORTIZ, titular de la cedula de identidad Nº 15.955.485, inpreabogado Nº 118.755, Defensora de Procesados Militares de Caracas.
PETICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO MILITAR.
El Ministerio Público Militar, representado por el ciudadano Teniente (AV) LEONAR PERNIA PEREIRA, Fiscal Militar de Caracas, procedió exponer los fundamentos de hecho y de derecho de su acusación contra el ciudadano POLICIA MILITAR (EJ) TONY RAFAEL RUIZ MORANTES, titular de la Cédula de Identidad N° 14.531.696, solicitando la admisión de la misma, y el enjuiciamiento del imputado por la comisión del delito militar de ABANDONO DEL SERVICIO, previsto y sancionado en el primer aparte del Artículo 534, en concordada relación con lo establecido en el articulo 537del Código Orgánico de Justicia Militar; solicitó también la admisión y pertinencia de los medios de prueba señalados en su escrito, la realización del debate oral y posteriormente la aplicación de la pena correspondiente para el referido delito conforme al artículo 414 ejusdem .

LOS HECHOS.
De conformidad con lo señalado por el ciudadano Fiscal Militar de Caracas los hechos son los siguientes:
“… De las actuaciones que conforman la presente causa se desprende lo siguiente: El día 11 de mayo de 2007 a las 03:00 horas, cuando se dirigía el Teniente (EJ) Anibal De Jesús Zerpa Abreu, a recibir el Tercer turno de ronda por el 352 Batallón de Policía Militar Capitán “ABDON CALDERON”, fue abordado por el Sargento Técnico de Tercera (EJ) Rico Medina Renny, quien le informo sobre la novedad donde el Soldado Policía Militar TONY RAFAEL RUIZ MORANTES, titular de la cedula de identidad N° V-14.531.696, a quien le correspondía desempeñar el Tercer turno de guardia de vehículos, por la orden del día había violentado el encendido de un vehiculo orgánico de la Unidad específicamente el tipo JEEP, WRANGLER, placas EV-503, propiedad de la Fuerza Armada Nacional el cual se encontraba asignado al Segundo Comandante del 352 Batallón de Policía Militar Capitán “ABDON CALDERON”, logrando el citado tropa alistada encenderlo y posteriormente sustrayéndolo ausentándose el mismo de la Unidad dejando de desempeñar el servicio para el cual había sido designado. El Soldado Policía Militar TONY RAFAEL RUIZ MORANTES, salio con el vehiculo por la parte posterior de la 35 Brigada de Policía Militar, pasando por un estrecho puente peatonal que pasa sobre un afluente del rió el valle y comunica el estacionamiento de la Unidad Táctica con el casino de Tropa y la sala de rehabilitación, logrando evadirse por el portón de la parte trasera de la Brigada, para de esta forma no ser detectado por el personal que se encontraba de servicio en la prevención. Luego a las 05:40 horas regresa el Policía Militar RUIZ MORANTES, a la Unidad siendo observado en el sector de la capilla por el Teniente (EJ) Anibal De Jesús Zerpa Abreu y el Sargento Técnico de Tercera (EJ) Rico Medina Renny, quienes procedieron a realizar su aprehensión, verificando que el vehiculo se encontraba en el estacionamiento. Posteriormente fue presentado ante este Despacho Fiscal, quien notifico al Tribunal Militar de Control de Guardia y procedió ha ordenar que el citado Tropa Alistada permaneciera en calidad de deposito preventivamente en la 35 Brigada de Policía Militar a la orden del Órgano Jurisdiccional hasta la fecha de la celebración de la audiencia de presentación de imputado.”. (Sic).

FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD FISCAL.

Los hechos imputados por esta Vindicta Pública Militar, al imputado, Policía Militar TONY RAFAEL RUIZ MORANTES, titular de la cedula de identidad N° V-14.531.696, plaza del 352 Batallón de Policía Militar. “Capitán ABDON CALDERON”, se fundamentan en las actuaciones administrativas practicadas, por su Comando Natural, consignadas ante esta Fiscalia Militar al inicio del presente proceso, a saber:

Acta Policial (de aprehensión), de fecha 11 de mayo DE 2007, suscrita por el ciudadano Teniente (EJ) Anibal de Jesús Zerpa Abreu, Funcionario actuante, donde se plasma las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cómo ocurrió la aprehensión del imputado. Cursante a los folios Nros. 04 y 05 de la presente causa.

Informe Personal del Distinguido (EJ) GUEDEZ PARRA DONNYS ALFREDO, Plaza del 352 Batallón de Policía Militar, donde se deja constancia de las cirscuntancias en que tuvo conocimiento el Tropa alistada de los hechos investigados. Cursante al folio 06 de la presente causa.

Informe Personal del Policía Militar (EJ) MALAVE LOPEZ EVELIO DE JESUS, Plaza del 352 Batallón de Policía Militar, donde se deja constancia de las cirscuntancias en que tuvo conocimiento el Tropa alistada de los hechos investigados. Cursante al folio 07 de la presente causa

Orden del día del 352 Batallón de Policía Militar, de fecha 10 de mayo de 2007, suscrita por el Teniente (EJ) RONY CARRERO MARQUEZ, Comandante de la Compañía Mando y Servicios de la citada Unidad Táctica, donde esta plasmado que el ciudadano Policía Militar (EJ) RUIZ MORANTES TONY, titular de la cédula de identidad Nº 14.531.696, se encontraba designado para cumplir con el servicio nocturno (tercer turno) de guardia de vehiculo el día 10 de mayo de 2007. Cursante al folio 12 de la presente causa.

Copia de las novedades de fecha 11 de mayo de 2007, suscrita por el Mayor (EJ) FRANKLIN RAFAEL ROMERO PADILLA, Jefe de los servicios de la 35 Brigada de Policía Militar “LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN”, donde consta que el Policía Militar (EJ) RUIZ MORANTES TONY, titular de la cédula de identidad Nº 14.531.696, se ausento de la Unidad abandonando el servicio en un vehiculo jeep wrangler EJ-503. Cursante al folio 08 de la presente causa.

Copia autenticada del certificado de circulación del vehiculo militar Jeep, Wrangler 4x4, EJ503, del 352 Batallón de Policía Militar “Cap. Abdón Calderón”, suscrita por el ciudadano Coronel (EJ) JUAN PEDRO HORVATH VINZE, Jefe del Servicio de Transporte del Ejercito, vehiculo este utilizado por el Policía Militar (EJ) RUIZ MORANTES TONY, para evadirse del servicio. Cursante a los folios Nros. 10 y 11 de la presente causa

PRECEPTO JURIDICO APLICABLE.

Esta representación del Ministerio Público Militar, considera que los hechos anteriormente narrados, constituyen la comisión del delito Militar de de ABANDONO DEL SERVICIO, previsto y sancionado en el primer aparte del Artículo 534, en concordada relación con lo establecido en el articulo 537del Código Orgánico de Justicia Militar.

MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO MILITAR
Esta Representación del Ministerio Público Militar, considera que el hecho atribuido al imputado Policía Militar (EJ) RUIZ MORANTES TONY, titular de la cédula de identidad Nº 14.531.696, plaza del 352 Batallón de Policía Militar “Cap. Abdón Calderón”, antes identificado constituye el delito militar de DEL ABANDONO DEL SERVICIO previsto y sancionado en el primer aparte del Artículo 534, en concordada relación con lo establecido en el articulo 537 ambos del Código Orgánico de Justicia Militar, tipo penal este que es considerado como grave ya que atenta directamente contra nuestra Institución Armada, afectando la disciplina Militar del resto de los demás miembros que integran la misma.

MEDIOS DE PRUEBA

El Ministerio Publico ofrece como medios de prueba, para ser presentados en el juicio oral los siguientes:

Pruebas Documentales:

Acta Policial (de aprehensión), de fecha 11 de mayo DE 2007, suscrita por el ciudadano Teniente (EJ) Anibal de Jesús Zerpa Abreu, Funcionario actuante, donde se plasma las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cómo ocurrió la aprehensión del imputado. Cursante a los folios Nros. 04 y 05 de la presente causa.

Informe Personal del Distinguido (EJ) GUEDEZ PARRA DONNYS ALFREDO, Plaza del 352 Batallón de Policía Militar, donde se deja constancia de las circunstancias en que tuvo conocimiento el Tropa alistada de los hechos investigados. Cursante al folio 06 de la presente causa.

Informe Personal del Policía Militar (EJ) MALAVE LOPEZ EVELIO DE JESUS, Plaza del 352 Batallón de Policía Militar, donde se deja constancia de las circunstancias en que tuvo conocimiento el Tropa alistada de los hechos investigados. Cursante al folio 07 de la presente causa.

Orden del día del 352 Batallón de Policía Militar, de fecha 10 de mayo de 2007, suscrita por el Teniente (EJ) RONY CARRERO MARQUEZ, Comandante de la Compañía Mando y Servicios de la citada Unidad Táctica, donde esta plasmado que el ciudadano Policía Militar (EJ) RUIZ MORANTES TONY, titular de la cédula de identidad Nº 14.531.696, se encontraba designado para cumplir con el servicio nocturno (tercer turno) de guardia de vehiculo el día 10 de mayo de 2007. Cursante al folio 12 de la presente causa.

Copia de las novedades de fecha 11 de mayo de 2007, suscrita por el Mayor (EJ) FRANKLIN RAFAEL ROMERO PADILLA, Jefe de los servicios de la 35 Brigada de Policía Militar “LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN”, donde consta que el Policía Militar (EJ) RUIZ MORANTES TONY, titular de la cédula de identidad Nº 14.531.696, se ausento de la Unidad abandonando el servicio en un vehiculo jeep wrangler EJ-503. Cursante al folio 08 de la presente causa.

Copia autenticada del certificado de circulación del vehiculo militar Jeep, Wrangler 4x4, EJ503, del 352 Batallón de Policía Militar “Cap. Abdón Calderón”, suscrita por el ciudadano Coronel (EJ) JUAN PEDRO HORVATH VINZE, Jefe del Servicio de Transporte del Ejercito, vehiculo este utilizado por el Policía Militar (EJ) RUIZ MORANTES TONY, para evadirse del servicio. Cursante a los folios Nros. 10 y 11 de la presente causa.


Pruebas Testimoniales:

A los fines de comprobar en juicio las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo ocurrieron los hechos, se promueven para que rindan declaración en calidad de TESTIGOS en la fase de la audiencia Oral y publica al siguiente personal militar Plaza de la 35 Brigada de Policía Militar “LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN”:

Mayor (EJ) FRANKLIN RAFAEL ROMERO PADILLA.

Teniente (EJ) ANIBAL DE JESÚS ZERPA ABREU.

Teniente (EJ) RONY CARRERO MARQUEZ.

Sargento Técnico de Tercera (EJ) RICO MEDINA RENNY.

Teniente (EJ) MARCO RIVERO PEREZ.

Distinguido (EJ) GUEDEZ PARRA DONNYS ALFREDO.

Policía Militar (EJ) MALAVE LOPEZ EVELIO DE JESUS.

Teniente Coronel (EJ) TIMAURE TAPIA HENRY.

PRETENSIONES DE LA PARTE DEFENSORA.
La Defensa del imputado Policía Militar (EJ) RUIZ MORANTE TONY, Abogada MARIA TORRES ORTIZ, en la Audiencia Preliminar solicitó:
“Mi defendido me ha manifestado que desea admitir los hechos y la responsabilidad para solicitar la Suspensión Condicional del Proceso, ya que el delito imputado la pena, no excede de tres (03) años en su limite máximo, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Cuerpo de Ley, y mi defendido, se compromete a cumplir las condiciones que imponga el Tribunal Militar, y se ofrece como oferta de reparación dar cuatro (04) charlas dirigidas al personal de tropa alistada sobre los deberes militares, es todo”.
DECLARACIÓN DEL IMPUTADO.
El imputado Policía Militar (EJ) RUIZ MORANTE TONY, una vez impuesto del precepto inserto en el ordinal 5º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela manifestó estar dispuesto a declarar y a continuación expuso: “Admito los hechos y la responsabilidad y solicito la suspensión condicional del Proceso que se me sigue, igualmente me comprometo a cumplir las condiciones que imponga el Tribunal Militar, y ofrezco como oferta de reparación dar cuatro (04) charlas dirigidas al personal de tropa alistada sobre los deberes militares, en mi Batallón, es todo ”.
DE LA ADMISIÓN DE LA ACUSACIÓN.
Durante la fase intermedia del proceso penal vigente, se van a evaluar los resultados de la investigación Fiscal y se va a determinar si de ellos surgen fundamentos serios para el enjuiciamiento público del imputado, pues según se desprende de los artículos 280 y 281 del Código Orgánico Procesal Penal, la investigación preliminar desarrollada durante la fase preparatoria, tiene por finalidad la recolección de los elementos de convicción que hagan constar los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación o exculpación del imputado; debiendo quedar establecido en la acusación la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible atribuido, los fundamentos de la imputación con los elementos de convicción que la motivan y el ofrecimiento de las pruebas que se presentarán en el juicio; por tal razón el juez debe ejercer una función de control de esa acusación analizando esos fundamentos, pues la acusación como ha señalado Alberto Binder en su obra Introducción al Derecho Procesal Penal “es un pedido de apertura a juicio por un hecho determinado y contra una persona determinada y contiene una promesa, que deberá tener fundamento de que el hecho será probado en el juicio”.
Dentro de la función garantizadora que debe efectuar el Juez de Control durante la Fase Intermedia, está la de realizar el control de la legalidad del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público Militar, este control se ejerce durante la audiencia preliminar cuya finalidad es la de determinar el procesamiento del imputado y no su culpabilidad; de allí que la decisión pronunciada luego de haber efectuado este acto procesal, será siempre el resultado arrojado de las diligencias practicadas por el Fiscal durante la etapa preparatoria; en tal sentido se cree conveniente señalar lo manifestado por el Dr. Pedro Berrizbeitía Maldonado en relación a la acusación “..La acusación no es otra cosa que un requerimiento de enjuiciamiento que tiene por base los resultados de la investigación preliminar que se desarrolla durante la etapa preparatoria”. Por su parte el jurista Luigi Ferrajoli, en su obra “Derecho y Razón”, Teoría del Galantismo Penal, Pag 606 y 607. señala lo siguiente: “…la acusación debe formularse en términos unívocos y precisos, idóneos para denotar exactamente el hecho atribuido y para circunscribir el objeto del juicio y de la sentencia que le pondrá fin, por contraste con la determinación del antiguo proceso inquisitivo.”
De igual manera, en Sentencia de fecha 16 de Noviembre de 2001, en el Expediente 01-2304, con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia señaló: “….durante la celebración de la audiencia preliminar se determina a través del examen del material aportado por el Ministerio Público el objeto del juicio y si es “probable” la participación del imputado en los hechos que se le atribuyen…”
Este juzgador, al analizar el escrito de acusación y los recaudos que la acompañan, considera que el mismo está estructurado y cumple con las exigencias previstas en el articulo 326 del Código Adjetivo Penal, por lo cual en atención a lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 330 ejusdem, se admite totalmente la acusación presentada contra el ciudadano Policía Militar (EJ) RUIZ MORANTES TONY, plenamente identificado en autos, por la comisión del delito militar DEL ABANDONO DEL SERVICIO previsto y sancionado en el primer aparte del Artículo 534, en concordada relación con lo establecido en el articulo 537 ambos del Código Orgánico de Justicia Militar.
DE LA ADMISIÓN DE LAS PRUEBAS.
Procediendo de conformidad con lo establecido en el numeral 9º del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a éste órgano jurisdiccional decidir sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida por el Ministerio Público Militar a tales fines, de conformidad con las disposiciones contenidas en el encabezamiento y segundo aparte del artículo 198 ejusdem se admiten totalmente por su pertinencia y necesidad las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público Militar descritas en el Capitulo Quinto de su escrito de acusación, inserto a los folios 52 al 54, por esta referidas al objeto de la investigación, no estar prohibidas por la ley y haberse obtenido lícitamente.
En este sentido, es de señalar que el artículo 197 del Código Orgánico Procesal Penal establece el principio de la prueba ilícita, y en el presente caso no ha quedado evidenciado que las mismas hayan sido obtenidas en forma ilícita, por otro lado en razón del principio de libertad de prueba indicado en el artículo 198, todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso podrán ser probados por cualquier medio de prueba, de igual manera por disposición de la norma en comento, un medio de prueba para ser admitido debe referirse directa o indirectamente, al objeto de la investigación y ser útil para el descubrimiento de la verdad; verdad que constituye una de las finalidades del proceso conforme lo dispone el artículo 13 ejusdem, y es el caso que las pruebas ofrecidas tal como se desprende de la solicitud Fiscal se refieren directamente al objeto de la investigación y además son útiles y necesarias para el descubrimiento de la verdad; en todo caso corresponderá al Juez apreciarlas y valorarlas conforme a las reglas de valoración de pruebas previstas en el Código Orgánico Procesal Penal.
DE LA INSTRUCCIÓN AL IMPUTADO DE LAS ALTERNATIVAS A LA PRESECUCION DEL PROCESO Y DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCESO.
Una vez admitida la acusación y a los fines de dar cumplimiento al artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, el imputado fue instruido por el Juez Militar sobre el procedimiento especial de admisión de los hechos el cual comprende dos aspectos, por una parte la obtención del beneficio de reducción de la penalidad que pudiera aplicarse en virtud de la aceptación de la acusación admitida en la audiencia preliminar y por otra parte, la materialización del principio de celeridad procesa, verificado en la imposición inmediata de la pena, además de la reducción de costos del proceso al Estado.
Al respecto el imputado Policía Militar (EJ) RUIZ MORANTES TONY, previa lectura por Secretaría del precepto inserto en el numeral 5º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, manifestó estar dispuesto a declarar y solicitó:
“Solicito la suspensión condicional del Proceso que se me sigue y en consecuencia admito los hechos que me imputa el Ministerio Público Militar, ofreciendo como oferta de reparación del daño causado, realizar trabajos comunitarios en el Cuerpo de Bomberos de Guarenas, Estado Miranda en provecho de esa institución, igualmente me comprometo a cumplir las condiciones que imponga el Tribunal Militar, es todo”.

DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO
Este Tribunal Militar considera necesario en primer lugar, analizar la figura jurídica prevista por el legislador en el Código Orgánico Procesal Penal denominada Suspensión Condicional del Proceso. En 1980 se promulgó dentro de la legislación penal Venezolana la Ley de Sometimiento a Juicio y Suspensión Condicional de la Pena, modificada en 1993 por la Ley de Beneficios en el Proceso Penal, para finalmente llegar a la figura jurídica de la Suspensión Condicional del Proceso prevista en el Código Orgánico Procesal Penal, publicado en Gaceta Oficial N° 5.208 de fecha 23 de Enero de 1998, con sus posteriores reformas siendo la primera de ellas la publicada en Gaceta Oficial N° 37.022 de fecha 25 de Agosto de 2000; que exigían en su artículo 37 el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos allí previstos, remitiendo a su vez a la Ley de Beneficios en el Proceso Penal el cumplimiento de otros requisitos; los cuales estaban contemplados en el artículo 14 de la prenombrada Ley, y es el referente a que la pena establecida para el delito objeto del proceso no excediera de ocho (08) años; otros de los requisitos establecidos era que el imputado admitiera los hechos y se comprometiera a cumplir las condiciones que le impusiera el tribunal. Posteriormente, en fecha 14 de Noviembre de 2001 es reformado el Código Orgánico Procesal Penal, el cual es publicado en Gaceta Oficial N° 5558 Extraordinaria de esa misma fecha, manteniendo la misma finalidad para el otorgamiento de este beneficio, con la salvedad que la norma prevista en los artículos 42 y 43, establece los siguientes requisitos de procedencia, los cuales a criterio de este Tribunal Militar deben cumplirse de manera concurrente: en primer lugar que se trate de delitos leves, en segundo lugar, la pena máxima para estos delitos leves no debe exceder de tres (03) años; en tercer lugar, el imputado no sólo debe admitir los hechos sino también aceptar formalmente su responsabilidad en el mismo, en cuarto lugar, debe quedar demostrado que el imputado ha tenido buena conducta predelictual, la cual en el caso específico de la jurisdicción penal militar se demuestra además de los antecedentes penales y registros policiales que pudiera tener, de no existir éstos es suficiente como lo establece el artículo 399 numeral 5º del Código Orgánico de Justicia Militar, el haber tenido conducta anterior irreprochable a juicio del Tribunal, para lo cual se tomará en consideración, cuando se trate de oficial, las últimas calificaciones anuales o la circunstancia de no haber merecido castigo alguno en el último año de servicio, si se trata de individuos de tropa circunstancia esta que se refleja en el “record de conducta”; en quinto lugar se exige que el imputado no se encuentre sujeto a esta medida por otro hecho; en sexto lugar, se prevé como imprescindible para la procedencia de la suspensión, una oferta de reparación del daño causado, dicha oferta de reparación puede consistir de acuerdo al espíritu y propósito del legislador, reflejado en la exposición de motivos de la reforma del Código Adjetivo Penal página 14 “..en una reparación natural (restitución, reparación o indemnización), o simbólica (por ejemplo; promesa de no reincidir, disculpa, compromiso de realizar alguna actividad determinada, etc.)…”; como séptimo requisito se exige que el imputado se comprometa a someterse a las condiciones que se le impongan; Octavo, debe tener la opinión favorable del Fiscal y la Víctima; pues de existir oposición el juez deberá negar la suspensión; por último el régimen de prueba que se imponga no deberá ser inferior a un año ni superior a dos.
La Suspensión Condicional del Proceso como alternativa a la prosecución del proceso, modalidad introducida en el sistema penal venezolano, obedece principalmente a la necesidad de simplificar y agilizar la administración de justicia penal, descongestionándola evitando los efectos criminógenos de las penas y estimulando de una u otra forma la pronta reparación a la víctima; es decir, en general, estas medidas son una innovación en nuestro sistema procesal penal, se basan en criterios de economía procesal y constituyen una alternativa ante procesos largos y costosos.
La medida de suspensión condicional del proceso es un instrumento procesal cuya finalidad consiste en detener el ejercicio de la acción penal en favor del imputado por la comisión de un ilícito, quien se somete, durante un plazo, a una prueba en la cual deberá cumplir satisfactoriamente con ciertas y determinadas obligaciones legales e instrucciones impartidas por el tribunal para el caso concreto, a cuyo termino se declarará extinguida la acción penal, sin consecuencias jurídicas posteriores; pero, si se transgrede o se incumple la prueba, el tribunal, previa audiencia en la que interviene el imputado, tiene la facultad de revocar la medida y retomar la persecución penal contra él.
En cuanto a la solicitud efectuada por la Defensora del ciudadano Policía Militar (EJ) RUIZ MORANTES TONY, y por los propios imputados, y a los fines de determinar la procedencia de la suspensión condicional del proceso en este caso, se debe analizar el contenido del artículo 42 del Código Orgánico Procesal Penal; norma que establece los requisitos para la procedencia de esta medida, señalando en primer lugar la categoría de delitos, es decir debe tratarse de delitos leves y la pena aplicable a ese delito no debe exceder de tres (03) años en su límite máximo, cumplidas estas exigencias el imputado podrá solicitar al juez de control la suspensión condicional del proceso, siempre que admita plenamente el hecho que se le atribuye, aceptando formalmente su responsabilidad en el mismo; además debe demostrarse la buena conducta predelictual y no encontrarse sujeto a esta medida por otro hecho.
Una vez cumplidos los requisitos exigidos el imputado tiene derecho a solicitar la Suspensión Condicional del Proceso, que de ser considerado su otorgamiento por parte del tribunal, deberá imponerle un régimen de prueba en el cual debe cumplir con ciertas condiciones. Menciona también el Código Adjetivo Penal la figura de un delegado de prueba quien será el encargado de supervisar el cumplimiento de las condiciones determinadas por el tribunal; en el presente caso, es de destacar, si bien es cierto no se ha designado la figura del delegado de prueba como tal, no menos cierto es que podemos considerar que estas funciones (salvando las distancias) en el caso del personal militar activo sometido a un proceso penal las cumplen las unidades a las cuales pertenecen, por cuanto ejercen un control y vigilancia permanente sobre la conducta del efectivo acreedor de este beneficio, durante el cumplimiento de sus deberes y obligaciones militares; de allí que pudiera decirse que el informe donde se describe la conducta mantenida por ese efectivo militar en su unidad, sirve para determinar no sólo si cumple o no con el régimen de prueba que le sea impuesto, sino también que en el caso del personal militar este régimen de prueba incluye también cumplir estrictamente lo prescrito en las Leyes y Reglamentos Militares, lo cual va dirigido a proteger la obediencia, la subordinación y la disciplina, bases fundamentales de la institución armada principio consagrado en el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El régimen de prueba como su nombre lo indica, consiste en que el imputado esta sometido a prueba, cumpliendo unas condiciones por un período determinado, que si las cumple a cabalidad será acreedor de un sobreseimiento, y en caso negativo podrá el juez ordenar la reanudación del proceso, la situación se complica cuando no existe un organismo, persona o institución que cumpla las funciones de supervisión o del delegado de prueba, pues es difícil para un tribunal saber si un imputado al cual le fue suspendido condicionalmente el proceso está cumpliendo con las medidas o no, una de las maneras de poder constatarlo es cuando se le impone como condición el régimen de presentaciones.
Ahora; en el caso del ciudadano Policía Militar (EJ) RUIZ MORANTES TONY, antes identificado a quien se le sigue investigación penal militar por la comisión del delito militar de ABANDONO DEL SERVICIO, previsto y sancionado en el primer aparte del Artículo 534, en concordada relación con lo establecido en el articulo 537 ambos del Código Orgánico de Justicia Militar, contempla una pena de un (01) año a dos (02) años de prisión; por lo que a criterio de este juzgador, se cumplen los requisitos exigidos por el legislador para la procedencia de la suspensión condicional del proceso; en primer lugar por la pena aplicable al delito imputado, en segundo lugar por la conducta predelictual del mismo, debido a que no consta en autos que el mismo registre antecedentes penales, según certificación expedida por el Ministerio de Interior y Justicia, motivo por el cual este juzgado militar, en atención al principio indubio pro reo, estima interpretar esta circunstancia a favor del imputado Por otra parte en cumplimiento de lo establecido en el articulo 43 del Código Orgánico Procesal Penal se oyó la opinión del Representante del Ministerio Publico Militar Teniente (AV) LEONAR PERNIA PEREIRA, quien manifestó: “Estoy de acuerdo con la solicitud de la defensa y el imputado por lo tanto, no tengo objeción de que se le suspenda condicionalmente el proceso ” .
En razón de los argumentos anteriores este Tribunal Militar considera procedente suspender condicionalmente el proceso al ciudadano Policía Militar (EJ) RUIZ MORANTES TONY, por lo tanto deberá cumplir por el plazo de un año con la siguiente obligación prevista en los artículos 42 y 43 del Código Orgánico Procesal Penal: presentarse cada tres (03) meses, los días quince (15) de cada mes a las 09:00 horas en la sede de este Tribunal Militar y si éste fuere feriado el día hábil siguiente con la finalidad de firmar el libro de presentaciones de imputados. Se establece como oferta de reparación del daño el imputado se compromete a dictar cuatro (04) charlas durante el tiempo que dure régimen de prueba a la tropa alistada plaza de su unidad de origen sobre los deberes militares Así se declara.