REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCON CON SEDE EN PUNTO FIJO.

DECIDE: EXPEDIENTE No.6627

SENTENCIA INTERLOCUTORIA

-I-
ANTECEDENTES:

Conoce este Juzgado Segundo de Primera Instancia, de la demanda que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRA -VENTA, sigue la ciudadana MARYORIAYARY ACOSTA SALCEDO contra el ciudadano OMAR ANTONIO VELAZCO RODRIGUEZ, identificado con Cédulas de Identidad Nos. 12.495.045 Y 5.753.235, respectivamente; revisadas las actas y vista diligencia de fecha 26 de Abril del 2005, realizada por el Abogado Armando Martínez, inscrito el I.P.S.A bajo el N° 23.853, titular de la cedula de identidad N° 3.392.976, con carácter de acreditado expone: en virtud de que este tribunal se pronuncio fuera de lapso sobre la oposición formulada por la parte “demandante reconvenida”, sobre la admisión del medio de prueba testimonial promovido por esta representación judicial, y por error involuntario este tribunal no Notificó a las partes a los fines recursivos, lesionando el derecho a la defensa y del debido proceso, constitutivo de las garantías inherentes a toda persona, y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos, y tomando en cuenta que el derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes, de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas. Y solicita de conformidad con los Artículos 25, 26, 27 y 257 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, concatenados con los Artículos 321 del CPC, ordene por auto expreso la REPOSICION de la causa al estado de la Notificación señalada. En este sentido, ha sido reiterada la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual estableció: “…El principio universal del “derecho a la defensa y al debido proceso…”
Igualmente vista diligencia de fecha 10 de Mayo del 2005, suscrita por el abogado en ejercicio Perfecto Antonio Caldera Polanco, con el carácter atribuido en autos, expone: el abogado Armando Martínez, en diligencia estampada con fecha 26 de Abril de 2005, solicito la reposición de la causa al estado de notificación, pues, afirma que este tribunal se pronuncio fuera del lapso sobre la oposición formulada por la parte demandante-reconvenida. Si bien es cierto, que efectivamente este tribunal dictó su decisión referente a la oposición de la admisión de las pruebas promovidas por la parte demandada, fuera de todo lapso, también es cierto, que el abogado Armando Martínez, al diligenciar en fecha 26 de Abril de 2005, se dió por notificado, lo cual haría inoficioso e inútil una reposición de la causa para hacer efectiva esa notificación. Observando así Ciudadano Juez que el demandado no apeló de la decisión dictada, pues, el lapso para ello es a partir del 26 de Abril del 2005, por lo cual precluyó esa oportunidad procesal y así mismo niego la reposición solicitada.


-II-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:

De un rastreo histórico de las actas este Tribunal observa; que en fecha 26 de marzo de 2004, las partes consignas escrito de promoción de pruebas, así mismo el día 01 de Abril del mismo año, la representación de la parte actora realiza formal oposición a la admisión de las pruebas. De igual forma este tribunal en fecha 12 de abril del 2004, agrega las pruebas y las admite, posteriormente en fecha 22 de Abril del mismo año, este tribunal repone la causa al estado de providenciar sobre el escrito de oposición formulado por el Abogado Perfecto Caldero y declara la nulidad de los actos subsiguiente; sin pronunciarse todavía sobre el escrito de oposición; y es en fecha 04 de Noviembre del mismo año, transcurrido ya mas de seis meses, cuando este tribunal se pronuncia sobre la oposición y admisión de las pruebas.
En tal sentido este órgano considera pertinente realizar algunas consideraciones; en relación a lo que ha establecido la doctrina y la jurisprudencia sobre el principio del control de la prueba.

Refiriéndose al control de la prueba Cabrera Romero, en su obra “Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre”, Tomo I, p 24 2000 argumenta:

“Pero en materia de prueba, existe otra institución que también emana del derecho de defensa, la cual es el control de las prueba. El ejercicio del principio de control requiere que las partes tengan la posibilidad de conocer antes de su evacuación los medios de prueba promovidos, así como el momento señalado para su recepción en autos, a fin de que asistan a la evacuación y hagan uso de los derechos que permitan una cabal incorporación a las causa de los hechos que traen los medios”.

De tal manera que las partes tienen el derecho de acceder a las pruebas para analizar su pertinencia y licitud, es decir, tienen el derecho a controlar que el aporte de las mismas se ajuste a la legalidad. Por ello, el Articulo 397in fine, establece: las partes pueden oponerse a la admisión de las pruebas de la contraparte que aparezcan manifiestamente ilegales e impertinentes.
El principio del control de la prueba tiene por fin evitar que se incorporen al expediente medios y hechos a la espalda de las partes, sin que hayan podido vigilarlo y contradecirlos.
Mas adelante el Autor Cabrera Romero, en su obra antes citada sostiene que las formas que garantiza el control de la prueba son esenciales para la realización de los actos y señala:

“Un reconocimiento judicial practicado en oportunidad distinta a la señalada por el Tribunal, es nulo. Cualquier acto probatorio, si no se ha fijado previamente el día y la hora para su practica, es nulo, e igualmente lo es, si una de las partes no se le hubiere permitido intervenir en el acto de evacuación de las pruebas o si en el mismo no se diera curso a sus observaciones. Son de orden público las forma ligadas al principio de la contradicción de la prueba (nadie puede renunciar al derecho de defensa o al atacar la prueba del contrario); pero las relativas a su control, no lo son. Ellas son esenciales y por lo tanto, su falta o quebrantamiento anula el acto; pero por no ser de orden público, solo se anula a instancia de parte perjudicada, el juez no puede declarar su nulidad de oficio”.

La igualdad probatoria no es nada más que un aspecto del principio general que rige las relaciones entre los ciudadanos, el estado y el ordenamiento jurídico, que es la igualdad ante la Ley. Específicamente en el Art 21 de la Constitución Nacional; se define que todas las personas son iguales ante la ley y en el ordinal 2° se dice que la ley debe garantizar las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Cuestión que es ratificada con los valores y principios contenidos en el artículo 26 de la Constitución del Republica Bolivariana de Venezuela.

Establece el Artículo 15 del Código de Procedimiento Civil;
“Los jueces garantizan el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún genero”.
De igual forma el Articulo 204 del Código de Procedimiento Civil que eiudem,
” Ratifica el principio de igualdad, expresando dicha norma que los términos y recursos concedidos a una parte se entenderán concedidos a la otra. Este principio tiende a lograr un equilibrio en el proceso, las partes tienen que tener igualdad de oportunidades para pedir y obtener que les practiquen pruebas y para contradecir las del contrario, pero y sobre todo un equilibrio en el procedimiento de los hechos que interesan a la causa”.

Vistos los fundamentos anteriores este Tribunal observa lo siguiente:

En fecha 22 de abril de 2004, el Tribunal dicta auto de reposición y declara la Nulidad de los actos subsiguientes; sin pronunciarse todavía sobre la oposición alegada y es en Fecha 04 de noviembre de 2004. Cuando el Tribunal se pronuncia sobre la oposición y admisión; la representación de la parte demandada, solicita la reposición de la causa, en virtud de que la misma se realizó fuera del todo lapso y sin haber sido notificados, lesionándose el derecho de la defensa y el debido proceso.
Por su parte; el Abogado Perfecto Caldera, en fecha 10 de mayo de 2005; en representación del actor expone, que el abog Armando Martínez en fecha 26 de Abril de 2005 mediante diligencia se dió por notificado, lo cual haría inoficioso e inútil la reposición de la causa y este no apeló de la decisión dictada.
Este Tribunal observa: que revisadas las actas que conforman el presente expediente se constata; que es cierto que el Abogado Armando Martínez, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, diligenció en fecha 26 de Abril de 2005 el cual riela el folio 83, este Órgano Jurisdiccional verifica los actos del proceso y se pregunta ¿Sobre que Auto o decisión se dió por notificado la representación judicial de la parte demandada? Si los autos que antecede a la fecha de su escrito o diligencia en fecha 26 de Abril de 2004, es el auto referido al escrito de informe presentado por la parte actora, de fecha 08 de marzo de 2005 (folio 82), el Auto de fecha 03 de febrero de 2005, que fija la oportunidad de presentar informe (folio 67) el auto de los cómputos de esa misma fecha (folio 66), y finalmente auto de fecha 04 de noviembre de 2004 (folio 61)
De manera pues; que las partes en el proceso nunca fueron notificados del auto de oposición y admisión de las pruebas de fecha 04 de noviembre 2004, a los fines que estos pudieran ejercer el control de la prueba, motivado a que el mismo se dictó fuera de los lapsos establecidos en la norma adjetiva y por ello era obligatorio para este órgano jurisdiccional, notificar a las partes, y no se le violentara el derecho a la defensa y el debido proceso, derechos estos de Rango Constitucional y que forma parte de esa Tutela Judicial Efectiva.
-III-
DISPOSITIVO

Es por ello; que este tribunal a los fines de salvaguardar el derecho de las partes, y a los fines de mantener la uniformidad jurisprudencial sobre la materia de conformidad con los Artículos 15 y 206 del Código de procedimiento Civil, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Punto Fijo, Administrado Justicia en Nombre la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley.
REPONE la presente causa al estado de que este órgano jurisdiccional, se pronuncie en este mismo acto sobre el escrito de oposición y admisión de las pruebas presentadas por las partes. En consecuencia; se declara la Nulidad del Auto de fecha 04 de noviembre de 2004 y los Actos subsiguientes, quedando el auto de oposición a la admisión de las pruebas promovidas por la parte demandada, seguidamente de su admisión de la siguiente manera:

Vista la diligencia suscrita por el Abogado Perfecto Caldera, con el carácter de autos, mediante la cual hace formal oposición a la admisión de las pruebas promovidas por el demandado ciudadano Omar Antonio Velazco, asistido del Abogado Armando Martínez, y manifiesta que en la prueba testimonial no se indica con precisión sobre que puntos versaría la evacuación de dicha prueba. Este Tribunal considera improcedente dicha oposición por cuanto se observa que la parte demandada, promovió pruebas testimoniales y de acuerdo a la doctrina jurisprudencial, las testimoniales y las posiciones juradas están exceptuadas de señalar el objeto al momento de su promoción reservándose el objeto al momento de su evacuación. En las prueba de experticia manifiesta que tal promoción adolece de una total impertinencia, pues pretende que se justiprecie el valor de un bien para la época de contratación entres las partes, es decir, valorar hoy el precio de ayer. En la prueba de inspección Judicial, manifiesta su oposición toda vez que a lo largo del proceso ha quedado demostrado que la parte demandada sigue viviendo con su familia en el inmueble indicado en el libelo. El Tribunal considera improcedente tal oposición a la experticia e inspección, en virtud de que si se valoran o desechan estas pruebas promovidas por la parte demandada, se estaría emitiendo opinión y las misma serán apreciadas en la definitiva. El Tribunal procede a admitir las pruebas promovidas de la siguiente manera:
Visto los escrito de promoción de pruebas presentado por el ciudadano Omar Antonio Velazco Rodríguez, con el carácter de autos, debidamente asistido de Abogado; parte demandada y al ciudadana Maryoriayary Acosta Salcedo, con el carácter de autos, asistida de abogado, parte actora; y por cuanto las misma no son manifiestamente ilegales ni impertinentes las admite todas cuanto han lugar en derecho salvo su apreciación en la definitiva. Por lo que respecta a la prueba testimonial promovida en el Capitulo Segundo del escrito presentado por el ciudadano Omar Antonio Velazco, se comisiona suficientemente al Juzgado Distribuidor del Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Punto Fijo, para la evacuación testimonial de los ciudadanos: Vicente Ramón Torres Montilla, titular de la cedula de Identidad N° 9.523.051; Noris Chirinos, titular de las cedula de identidad N° 9.521.473; Félix Manzanarez, titular de la cedula de identidad N°5.752.281; Maritza Colina, titular de la cedula de identidad N° 7.566.240; Zoraida Luzmila Medina, titular de la cedula de identidad N°4.177.703; y William Antonio Ramírez, titular de la cedula de identidad N° 5.963.889; a quien se acuerda librar despacho con las inserciones legales correspondientes. En lo referente al Capitulo Tercero del mismo escrito, se fija el Tercer día de despacho siguiente de hoy, alas 10:00 a.m. para el nombramiento de expertos. En lo que respecta al Capitulo Cuarto de dicho escrito, se fija el quinto día de despacho siguiente al de hoy, a las 2:30 p.m., para el traslado y constitución del Tribunal al sitio indicado por el promoverte. Así mismo; considera necesario a los fines de la evacuación de las pruebas, que este lapso no comenzará a contarse una vez que conste en autos la última notificación de las partes. ASI SE DECIDE. Líbrese boleta.


Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Punto Fijo, a los dieciséis (16) días del mes de Octubre de Dos Mil Siete. Años. 197 de la Independencia y 148 de la Federación.

EL JUEZ SUPLENTE ESPECIAL

DR. JHONNY MORALES
LA SECRETARIA TEMPORAL

ABOG. MARIBEL CARRILLO CORONEL
En la misma fecha anterior siendo las 1:00 p.m, precio anuncio de la ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó la presente resolución que antecede, quedando inserta bajo el N°267 en el legajo respectivo
LA SECRETARIA TEMPORAL

ABOG. MARIBEL CARRILLO CORONEL
JM/hv


La copia que antecede es traslado fiel y exacto al original que la contiene la cual expido y certifico por mandato del Tribunal, en Punto Fijo, a los dieciseis (16) días del mes de Octubre de dos mil siete. Años: 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

La Secretaria Temporal,


Abog. Maribel Carrillo Coronel.

JM/hv